Noticia aparecida en el portal iAgua:

La Comisión Europea va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber infringido dos normas del Derecho de la UE en materia de medio ambiente.


En el primer asunto, España no garantiza el tratamiento correcto de las aguas residuales procedentes de aglomeraciones de más de 10 000 habitantes que se vierten en zonas sensibles. La falta de sistemas de tratamiento adecuado, que deberían existir desde 1998, representa un riesgo para la salud humana, las aguas continentales y el medio marino. La lentitud de los avances registrados por España ha llevado a la Comisión, previa recomendación de Janez Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente, a llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.


En el segundo asunto, España no ha presentado a la Comisión sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas. Esos planes, que debían adoptarse el 22 de diciembre de 2009 a más tardar, son esenciales para alcanzar el objetivo de la UE de un buen estado de las aguas europeas para 2015. Hasta ahora, España ha adoptado solo un plan, por lo que la Comisión va a llevar a ese país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Aguas residuales urbanas


Según la legislación de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones de más de 10 000 habitantes tenían que disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales para 1998. Los Estados miembros tienen que garantizar que el agua que entre en los sistemas de recogida se someta a un tratamiento que se ajuste a las normas de calidad más rigurosas (el llamado tratamiento terciario) para eliminar los nutrientes antes de su vertido en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental.


En España, al menos 39 ciudades de ese tamaño de todo el país vierten sus aguas residuales urbanas en zonas sensibles o potencialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental sin un tratamiento adecuado. La Comisión envió a España un dictamen motivado el 1 de diciembre de 2008 instándola a cumplir los requisitos de la Directiva (véase IP/08/1802). España ha registrado progresos desde entonces, pero transcurridos trece años desde el final del plazo, su cumplimiento global sigue siendo deficiente, por lo que la Comisión ha decidido llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.(leer mas)